Un grupo de 12 senadores,
incluida la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, solicitó investigar probables
actos discriminatorios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de su
titular Rosario Robles Berlanga y actuar en los términos de la ley de
servidores públicos.
La solicitud fue hecha por medio
de una proposición de punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, que a su vez la turnaría a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
y a la misma Sedesol.
Hace unos días, la responsable de
la política de desarrollo social del país aseguró que las mujeres indígenas con
más de tres hijos ya no recibirán el subsidio federal del programa
Oportunidades. “Ya no se va a beneficiar a las que tengan muchos hijos. Así que
no se equivoquen, no hagan cuentas multiplicando 10 por 5. No. Eso ya se
acabó”, sostuvo.
Los legisladores exhortan a la
CNDH que inicie de oficio una investigación por las declaraciones vertidas por
la secretaria Rosario Robles y que emita una recomendación al respecto.
Al Conapred, se le solicita que
lleve al cabo una investigación por las declaraciones públicas de Rosario
Robles y que, de acuerdo con los senadores, podrían considerarse
discriminatorias y racistas.
Además, si este organismo
encuentra elementos suficientes, el Senado le pide actuar en términos de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Los legisladores también le
solicitan a la Sedesol que evalúe las reglas de operación de los programas
sociales a su cargo a fin de no incurrir en prácticas discriminatorias.
La senadora yucateca recuerda que
la primera línea de acción de la Sedesol es precisamente propiciar las
condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos sociales, garantizar el
acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así
como la superación de la discriminación y la exclusión social.
En el documento presentado, los
senadores destacan que todo funcionario público a quien se le compruebe que
cometió actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, quedará sujeto
a las responsabilidades en que hayan incurrido, además de las medidas
administrativas y de reparación que se les impongan.
De acuerdo con la ley, el
Conapred debe enviar los resultados de su investigación al órgano
constitucional autónomo en materia anticorrupción, al contralor interno o al
titular del área de responsabilidades del gobierno federal.
Junto con la senadora Díaz
Lizama, firman el documento las senadoras Mariana Gómez Del Campo Gurza, Luisa
María “Cocoa” Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García
Gómez, Elia Hernández Núñez y Sonia Mendoza Díaz y los senadores Francisco
García Cabeza de Vaca,Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito,
César Octavio Pedroza Gaitán y Juan Carlos Romero Hicks.
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