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Actualmente, el secuestro afecta más a las
clases medias que a la alta, reconoció Renato Sales, coordinador Nacional
Antisecuestro.
Sobre el perfil de víctimas de secuestro,
apuntó que se trata de personas de las clases medias bajas. En ese sentido,
dijo que “se ha ampliado el margen de las personas víctimas de este delito”, lo
que atribuyó a que los grupos de la delincuencia organizada “han migrado de
actividades” y, por ejemplo, dejan de distribuir droga y mejor se dedican a
extorsionar o secuestrar para obtener recursos.
En entrevista para Noticias MVS, primera
emisión, reconoció el incremento de este delito en el país, con más de 3 mil
casos en los dos últimos años. Además, están los casos que no se denuncian a la
autoridad, lo que llama “cifra negra”.
“Lo hemos dicho reiteradamente, existe una
cifra negra importante, hay que disminuir esa cifra negra, significa
visibilizar y atender a víctimas… estamos trabajando para que la gente se
acerque a denunciar”, apuntó, vía telefónica.
Refirió que las entidades modelo, con las
mejores unidades antisecuestro, son Puebla, Chihuahua y Nuevo León. “Eso no
implica que no se esté trabajando en Guerrero”, agregó.
Sobre las denuncias más recientes, refirió que
en febrero pasado fueron 171 en el país, las cuales dan “una idea general de lo
que está aconteciendo”.
No obstante, señaló que como parte de los
casos denunciados se encuentran engaños telefónicos, que se operan desde los
penales, en los que a una persona le piden dinero por el supuesto secuestro de
un familiar, del que ya obtuvieron datos.
Aceptó que “en espacios donde el
control debe existir por naturaleza (la cárcel), son espacios descontrolados”.
“De los 171 denuncias de secuestro en febrero,
más del 90 por ciento fue un secuestro extorsivo“, precisó.
Ante los engaños telefónicos, invitó a llamar
al 088, donde se centraliza la atención de este tipo de ilícitos.
“Tenemos que generar espacios de confianza…
elementos certificados… que sepamos que la sociedad cuenta con espacios en los
que sepamos que se le va a atender”, comentó. Por ello se ha reunido con
gobernadores para impulsar lo que él llama ”espacio victimal”, en la que se dé
una atención oportuna a las víctimas directas o indirectas del secuestro.
“En el 088, canalizan a la víctima a un área y
se le envía a una persona de atención directa”, apuntó. Lamentó que esta línea
se use para hacer bromas y agregó que en ella también reportan engaños
telefónicos, por lo que llamó a la sociedad a que primero intente ubicar a su
familiar.
“Cuelgo después de la llamada (en la que
anuncian un secuestro) y trato de ubicar a mi familiar, ver en donde estuvo y
(si no lo encuentro) después denunciar… si vemos que es una lada extraña, no
contestamos, el mecanismo elemental de prevención es ‘si no conoces no
contestes‘”, consideró.
Aceptó en la extorsión los delincuentes dan
datos sobre la familia, los cuales alarman.
“Cuando el secuestro es real, hablar al 088,
se activa mecanisma de arropamiento victimal, de protección a la víctima
indirecta y directa”, refirió.
Sales sostuvo que la única manera de terminar
con este delito es construir confianza entre la sociedad y la autoridad.
“Acudir a la autoridad, la única
manera de terminar con este delito… hay un protocolo de atención a víctimas
pero cada caso es particular”, mencionó.
“Para prevenir hay que ser cada vez más
atentos a nuestro entorno -aseguró el comisionado- tienen que abrir los ojos,
ver quién los rodea, quién los acompaña, quién está trabajando con ellos…
cuidarse, sin caer en la paranoia”.
Ayer, Renato Sales hizo un balance de las
acciones de la Coordinación Nacional Antisecuestro, que él encabeza.
De enero a marzo de este año, 147 presuntos
secuestradores han sido detenidos y se ha desarticulado a 21 organizaciones
criminales dedicadas a ese ilícito, informó el coordinador.
Detalló que en el primer mes del año se detuvo
a 17 presuntos delincuentes, en febrero a 80 y en marzo a 50; y en lo que va
del año las fuerzas federales han logrado liberar a 15 personas.
El funcionario aseguró que en los últimos
meses aumentaron las denuncias por este ilícito, lo cual, dijo, es resultado de
la confianza de la ciudadanía en las autoridades, y que 10 entidades del país
concentran el 74 por ciento de la incidencia de secuestros.
En la Secretaría de Gobernación, Sales Heredia
expuso que los estados que presentan más secuestros son Morelos, Guerrero,
Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y el
Estado de México.
Ayer también reconoció que los delincuentes
han mutado en sus actividades criminales, pues debido al desmembramiento de
organizaciones dedicadas al narcotráfico, y quienes antes se dedicaban al
narcomenudeo ahora se ocupan de privar de la libertad a personas a cambio de
cantidades bajas de dinero.
Sostuvo que se trabaja en el desmantelamiento
de grupos delictivos para que disminuyan los secuestros de manera eficiente, y
aseguró que ya se ven resultados.
El Poder Judicial es una pieza central en la
estrategia antisecuestro, pues “de nada o de muy poco sirve que se investigue
correctamente, si no se procesa correctamente”, recalcó.
Asimismo, enfatizó que se necesita el “compromiso
explícito” de los gobernadores de los estados que concentran la mayor
incidencia para modernizar sus unidades especializadas de combate al secuestro
y equiparlas con los instrumentos indispensables para combatir el delito.
Afirmó que los mandatarios estatales se han
comprometido a plazos específicos para cumplir con estos objetivos y utilizar
de manera eficiente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Destacó que Chihuahua ha demostrado tener el
modelo más adecuado para la reclusión de secuestradores, pues su Penal Número
Uno concentra a 572 sentenciados, con un modelo ideal en el que los plagiarios
no tienen contacto con otros reos, y que en condiciones similares operan los
penales de Nuevo León y Puebla.
Del 28 de enero a la fecha, se han efectuado
reuniones de coordinación, vinculación, gestión, evaluación y seguimiento de
las acciones para prevenir, sancionar y abatir el secuestro, con 15 entidades
del país.
En dichos encuentros participaron
gobernadores, procuradores, fiscales, los responsables de las unidades
antisecuestro y representantes de la sociedad civil.
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