El
presidente de Ecuador Rafael Correa condicionó el sábado una eventual visita de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer la situación de la
libertad de expresión en la nación andina.
"Cualquier
comisionada si viene de turista, bienvenida, pero si viene a inspeccionarnos
también bienvenida, pero con una condición, primero pues ratifique el pacto de
San José Estados Unidos, para que tenga algo de legitimidad para venirnos a inspeccionar
a nosotros", dijo el jefe de Estado en su programa de radio y televisión
"Diálogo con el presidente".
La CIDH emitió medidas
cautelares en favor del asambleísta de la oposición Cléver Jiménez, quien fue
sentenciado a 18 meses de cárcel por injurias. La medida fue criticada por
sectores que la tacharon de atentatoria a la libertad de expresión.
Correa criticó las
medidas emitidas por la comisión al señalar que "ahora resulta que una
denuncia penal en la Fiscalía, acusando al presidente de criminal de lesa
humanidad, mintiendo descaradamente... con firma de abogado, con testigos
falsos, ha sido libertad de expresión para la CIDH y hay que dejarlos en la
libertad a estos angelitos".
Agregó que "cuando
se abusa del sistema judicial con tanta mala fe, tiene que haber una ley que
sancione estos comportamientos".
En 2011, Jiménez, su
asesor y un dirigente de un gremio médico acusaron a Correa de delitos de lesa
humanidad por haber ordenado su rescate militar de un hospital de la policía,
donde estuvo más de 10 horas por una revuelta policial que dejó muertos y
heridos. El hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2010.
El mandatario aseguró
que "la CIDH no tiene capacidad para dictar medidas cautelares y si las
tuviera ni siquiera dice que no se ha respetado el debido proceso sino que está
criticando la ley de Ecuador, quieren legislar en Ecuador", acotó.
Correa añadió que la
CIDH se ha convertido en una "farsa" y la acusó de ser responsable de
la destrucción del sistema interamericano de derechos humanos al tiempo que
llamó a buscar con urgencia un nuevo sistema de defensa a través de la Unasur y
los países caribeños.
En tanto, el canciller
Ricardo Patiño acusó al organismo de manejar una "doble moral" y
agregó que en la CIDH un 30% de los empleados son norteamericanos pese a que
Estados Unidos no ha ratificado el pacto de San José.
El jueves, el canciller
había anunciado que el gobierno ecuatoriano no asistiría a la sesión número 150
de la CIDH, que se realizó el viernes en Washington y a la cual calificó de
"show político", pero dejó las puertas abiertas para que la comisión
venga al país.
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