Avalan sancionar a alcaldes por malos manejos

Cuatro años y cuatro meses después de recibida, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 438 votos la minuta que reforma la Constitución para incorporar a los integrantes de los ayuntamientos como sujetos responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

El decreto, devuelto a la Cámara de Senadores para una nueva revisión, puesto que sufrió modificaciones de forma, precisa que en México los tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones son de carácter civil, administrativo, político y penal.

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno (PRD), su presidente, explicó que los servidores públicos que integran los gobiernos municipales no están contemplados en el catálogo de funcionarios que pueden incurrir en responsabilidad por infringir la Constitución y las leyes federales, así como por el manejo indebido de los fondos y recursos del erario federal.

“El artículo 108 constitucional vigente no considera sujeto de responsabilidad administrativa a los miembros de los ayuntamientos, no obstante que el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos señala como sujetos de la misma a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos y federales”.

OPACIDAD

De acuerdo con datos estadísticos, detalló, sólo 16% de los municipios cuenta con información clara y completa sobre sus trámites y servicios, y en 50% la información es limitada o inexistente.

Y con base en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), amplió, la gestión de los fondos federales operados por los municipios presenta problemas, insuficiencias e irregularidades recurrentes.

Precisó que, con dificultades financieras, los municipios realizan transferencias de recursos a otras cuentas y, en el mejor de los casos, en que se devuelve posteriormente, retrasan el ejercicio de los recursos; en el peor de los casos, no se devuelven.

“La falta de documentación comprobatoria es un problema estructural. Otros problemas registrados son conceptos de obra que se paga pero no se ejecuta, obras de mala calidad, pagos en exceso en la adquisición, así como irregularidades de la adjudicación de contratos, entre otros”, refirió.

Por ello, la reforma prevé que la rendición de cuentas se instituya para todas las instancias de gobierno, particularmente en lo que toca al manejo de recursos económicos.