El presidente del
CEN del PRI, César Camacho, anunció que el tricolor presentará en esta semana
dos iniciativas relativas a la Ley General Electoral y Ley de Propaganda
Institucional, que buscan darle operatividad a la Reforma Político-Electoral
Acompañado por los
coordinadores parlamentarios del PRI en las cámaras de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones, y de Senadores, Emilio Gamboa, aseguró que las propuestas
legislativas que serán enviadas al Congreso de la Unión, definen las medidas
democratizadoras: reglas de competencia, sanciones electorales, fiscalización
de recursos, debates, propaganda, constitución y registro de partidos
políticos, regulación de propaganda, paridad de género, sistema de nulidad de
elecciones federales y locales, integración de órganos electorales locales y
propaganda institucional, “reglas que dan más calidad a la democracia, la harán
más equitativa y será menos costosa”.
En conferencia de
prensa, a la que también asistió la secretaria General del PRI, Ivonne Ortega,
destacó que el decálogo llena una laguna jurídica de más de seis años y cumple
no sólo con el espíritu, sino con la letra del artículo 134 constitucional.
El presidente del
PRI pidió a los coordinadores parlamentarios que en esta misma semana se
tramiten ambas iniciativas ante el Senado de la República, a fin de cumplir con
los plazos perentorios establecidos para en el segundo periodo ordinario de la
LXII Legislatura, o sea contar con un dictamen para llevarlo al pleno del
Congreso antes del 30 de abril próximo.
De acuerdo con la
propuesta de Ley General Electoral, se busca establecer disposiciones
aplicables y distribuir competencias entre la Federación y las entidades
federativas en materia de partidos políticos nacionales y locales, órganos y
procesos electorales, así como delitos en la materia.
El proyecto consta
de 185 artículos, regula y desarrolla las normas constitucionales relativas a
la constitución y registro legal de los partidos políticos; financiamiento;
coaliciones; sistema de fiscalización de los recursos; pérdida del registro;
procedimientos y sanciones; naturaleza, estructura y competencias de los
organismos electorales nacional y de las entidades federativas, así como reglas
generales para los procedimientos electorales federal y locales.
También contempla
atribuciones de atracción y delegación de facultades del instituto electoral
respecto de los organismos electorales locales; administración de tiempos del
Estado en radio y televisión; mecanismos de inteligencia financiera; reglas
para transparentar el financiamiento electoral; regulación de propaganda;
sanciones aplicables a denuncias frívolas; paridad de género y reglas para
sancionar violaciones en procedimientos electorales; sistema de nulidades de
las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y delitos en
materia electoral.
La Ley de
Propaganda Institucional, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134
constitucional, responde a una laguna jurídica que estaba pendiente de la
reforma constitucional de 2007. El proyecto consta de 28 artículos, divididos
en seis títulos. Y plantea reglamentar las normas constitucionales relativas a
la propaganda institucional de la siguiente manera: la propaganda deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social. Su contenido deberá respetar el principio de imparcialidad y no podrá
estar dirigido a influir en la equidad de la competencia electoral entre
partidos políticos, precandidatos y candidatos.
César Camacho
aseguró que se plantea prohibir mensajes que impliquen un ataque a la moral, la
vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el
orden público. Deberá incluir la leyenda “Este programa es público, ajeno a
cualquier contienda electoral”, además de considerar el uso de la Lengua de
Señas Mexicana.
La propaganda no
podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público. No se considerará como
propaganda a los informes anuales de labores o de gestión de servidores
públicos. Ratifica la obligación de los entes públicos de suspender la difusión
durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y
hasta la conclusión de la jornada.
La propuesta del
PRI prohíbe la contratación de medios de comunicación para la difusión de
propaganda institucional presentada como información periodística o noticiosa.
Crea, además, el Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del
Instituto Nacional Electoral.
Toda la
información relacionada con la propaganda institucional tiene carácter público
y los particulares tendrán acceso a ella. Faculta a la Auditoría Superior de la
Federación o su equivalente en las entidades federativas, para llevar a cabo la
revisión y fiscalización de los recursos públicos en la materia.
“En síntesis, se
imprime mayor calidad a la democracia, se incrementa el poder del voto
ciudadano, se hace más transparente y equitativa la contienda electoral y, muy
importantemente, menos costosa”, afirmó César Camacho.
Resaltó que con
estas iniciativas “el PRI cumple en tiempo y forma su compromiso; las
legisladoras y legisladores del partido cumplen con un mandato constitucional y
le dan seguimiento y continuidad a lo que ya aprobaron hace muy pocos meses”.
También
acompañaron al presidente del partido, los senadores, Cristina Díaz y Enrique
Burgos; los diputados federales Héctor Gutiérrez y Manuel Añorve; así como el
presidente de la Fundación Colosio A.C., Adrián Gallardo, y los secretarios de
Organización, José Encarnación Alfaro; Jurídico, Sadot Sánchez; Finanzas y
Administración, Luis Vega; Coordinación de Estrategia, Arturo Huicochea, entre
otros integrantes de la dirigencia nacional.
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