Escenarios de la reforma electoral (Opinion)

Alberto Aguirre M.

 En los próximos cuatro meses, las reglas de la competencia entre los partidos políticos y las instituciones encargadas de organizar los comicios y contabilizar los votos necesariamente sufrirán un cambio dramático.

La reforma constitucional en materia electoral apareció en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el pasado martes 11. Los artículos transitorios del decreto presidencial precisan que el Congreso de la Unión deberá expedir las normas secundarias –una Ley de Partidos, que sustituya al Cofipe, y una Ley de Procedimientos Electorales–, a más tardar el próximo 30 de abril.

La nueva legislación electoral deberá contemplar un nuevo sistema de coaliciones electorales, que abarcará las formas actualmente vigentes –las alianzas parciales o totales– y una nueva figura: las coaliciones “flexibles” con las que los partidos políticos podrán postular al menos 25% ciento de sus candidaturas, bajo una misma plataforma y  en un mismo proceso electoral federal o local.  Y también que quedará fijado el nuevo calendario para los comicios federales y locales, que a partir del 2015 serán el primer domingo de junio, cada tres años. La excepción será la presidencial del 2018, que tendrá verificativo el primer domingo de julio de ese año.

A la fecha, quedan 116 días naturales para que el nuevo órgano administrativo quede integrado y apliqué la nueva normatividad en la materia. Los transitorios estipulan que, en caso de que esa legislación aun no esté definida, el nuevo INE ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al IFE. El día D, en esta materia, será el 31 de mayo del 2014.

En San Lázaro, los representantes de las fuerzas políticas han pactado un cronograma para completar el proceso de selección de los nuevos consejeros electorales. El primer plazo fatal vence dentro de tres semanas –el 11 de marzo– cuando deberá quedar conformado el Comité de Evaluación, con tres diputados federales, dos comisionados del IFAI y dos representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Entre el 8 y 22 de marzo”, la Comisión de Gobernación publicará la convocatoria. En primera instancia, en San Lázaro se recibirán las solicitudes de registro y de inmediato serán canalizadas al Comité de Evaluación, donde habrán de integrarse 10 listas, cada una con 10 aspirantes, de los que saldrán los nuevos consejeros electorales. En el caso del consejero presidente, la lista será de cinco aspirantes.

Esas listas deberán quedar integradas el 15 de abril, a más tardar. Y entonces se abrirá una ventaja de dos semanas, para que el Pleno de la Cámara de Diputados elija a los nuevos consejeros electorales, que deberán realizar su primera sesión el 1 de mayo.

La elección, en todo caso, será escalonada en virtud de que el Comité de Evaluación deberá remitir –por separado– tres listas, para seleccionar a los tres consejeros que durarán en sus cargos tres años; cuatro listas, para elegir a los cuatro consejeros que cubrirán un periodo de seis años; tres listas más, para elegir a los consejeros que pasarán nueve años en el INE, y finalmente,  la lista de la que saldrá el consejero presidente, quien será electo por nueve años.

Los cuatro consejeros electorales del IFE en funciones tienen la última palabra, respecto de su participación en el proceso de selección.

EFECTOS SECUNDARIOS

ALERTA. La agresión sufrida por la comitiva del secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, en Morelia, ameritaba una investigación más profunda. Y es que a pesar del cerco informativo, trascendió que el vehículo en el que viajaban los funcionarios federales –además del titular de la SEP iban los subsecretarios Enrique del Val y Fernando Serrando Migañón, además de los titulares de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, y de la Conade, Jesús Mena– fue impactado por los proyectiles arrojados por los vándalos. Y que el secretario de educación del gobierno michoacano, Jesús Sierra Arias, resultó golpeado, aunque nada grave.

RÉPLICA. Allegados al empresario regiomontano Sergio de Jesús Gil Valdez  contactaron a este espacio para refutar la afirmación de que hace ocho meses quedara abierta una indagatoria contra el apoderado legal de Petolof y Urban Publicity, Sergio Jacinto Gil García. “¿Y entonces cómo se explica que el 16 de julio del 2013, ambas firmas auspiciaron un curso denominado “Certificación en aspectos relevantes de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita y su aplicación en el sector de juegos y sorteos”. Entre los impartidores del curso estuvieron Orbelin Pérez Flores –quien fuera subdirector de Asuntos Financieros en la Procuraduría Fiscal y director de Análisis Financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda– y el ex diputado Jorge Alberto Lara Rivera, quien fungió como subprocurador General de la República y comisionado de Política de la Secretaría de Gobernación, quien estuvo encargado de certificar y vigilar el cumplimiento de la situación contable de Petolof y Urban Publicity, cuyos representantes se quejan de ser blanco de una “recurrente campaña” difamatoria, presuntamente orquestada por empresas del ramo de juegos y sorteos que –éstas sí–  han sido investigadas e incluso sancionadas por violaciones a la normatividad”. El acta 178/2013, debe precisarse, fue levantada por Israel González Hernández, ministerio público federal.

VIRAJE. La defensa de los derechos autorales, reclamada por Televisa, es un elemento definitorio en la decisión que sobre el must-offer/must-carry deberá dictar el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. El oficio emitido por el juez 32 de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán que detuvo la resolución de los comisionados de ese órgano autónomo está antecedida de dos suspensiones administrativas y será combatida por la controversia constitucional que sustentará el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. Ese litigio inició en 2011, a raíz de la retransmisión indebida de señales de radiodifusión. Esto ocurrió dos años antes de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Y antes de notificación del juez 32 del TSJDF al IFT, hubo dos resoluciones del Primer Tribunal Colegiado de Circuito. Tribunal Federal de última instancia. El 25 de octubre de 2012, ese Tribunal Colegiado determinó al Juez 32 como la autoridad competente para resolver, en definitiva, sobre los derechos de retransmisión de las señales radiodifundidas y de los contenidos audiovisuales de la programación de los canales 2, 4, 5 y 9.