ESTABLECEN DIPUTADOS LÍMITES PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR

 

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y con la mayoría calificada de 336 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, reformas al artículo 35 de la Constitución Política, para regular la difusión de la consulta popular en medios de comunicación.

Con la adición de tres párrafos al artículo 35 constitucional se determina que el Instituto Federal Electoral (IFE) promoverá la difusión y la discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión.

El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales destaca que el instituto electoral garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición, a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.

Indica que cuando a juicio del instituto electoral el tiempo total en radio y televisión fuera insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.

Establece que “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión pública de los ciudadanos sobre la consulta popular”.

Cabe precisar que la iniciativa presentada por diputados del PRI, PAN y PRD, proponía reformar la Base III, Apartados A, párrafo tercero y C, del artículo 41 de la Constitución Política para incluir esta prohibición y “ahora ésta se traslada al 35”.

El documento argumenta que en la actualidad los vehículos más eficaces para transmitir la información colectiva a la sociedad son la radio y la televisión, por lo que debe existir un límite en la Constitución, para que ninguna persona pueda contratar espacios publicitarios, cuyo objetivo sea promover o influir en una consulta popular.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) dijo que el uso de los mecanismos de consulta directa, permiten discutir cualquier tipo de problema político, más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades partidistas, y constituyen instrumentos neutros que producen resultados apoyados en la opinión pública y logran cambios políticos fundamentales.

Con este dictamen, se dota de facultades al Instituto Federal Electoral para que promueva y discuta las consultas populares y, además, garantice el acceso a medios masivos de comunicación, como lo son la radio y la televisión, dentro de los tiempos oficiales que administra, indicó.

Además, el órgano electoral estará facultado para cubrir el tiempo faltante del tiempo oficial, en radio y televisión, para llevar a cabo la difusión y discusión informada de la consulta popular que haya convocado el Congreso de la Unión.

Moreno Rivera mencionó que se restringe la contratación de propaganda en radio y televisión, por parte de cualquier persona física o moral, cuyo propósito sea influir en la opinión que vaya a emitir la ciudadanía, en relación con la pregunta de la consulta popular.

Indicó que la ley fundamental contendrá normas que permitan la disposición de la consulta popular, evitando que sea tendenciosa o contenga juicios de valor, por tratarse de un interés general. Asimismo, los ciudadanos podrán realizar actividades de divulgación mediante debates, mesas de discusión u otros eventos similares utilizando cualquier medio que tengan a su alcance, cuyo objeto sea meramente informativo.

Una de las limitaciones que se plantea, dijo, es que la difusión sea imparcial y no esté orientada a influir en las preferencias a favor o en contra de la consulta popular.

Al iniciar los posicionamientos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) expresó que esta reforma “es parte de lo que algunos analistas llaman la deformación constitucional o la Constitución desfigurada”.

Indicó que lo que busca es que el instituto electoral permita que utilicen los tiempos de radio y televisión los peticionarios de dichas consultas y “uno de ellos es el Presidente de la República y la única limitante es que apruebe la mayoría en una Cámara la consulta popular”, añadió.

Del PVEM, la diputada Ruth Zavaleta Salgado resaltó que en la actualidad 12 entidades incluyen la figura de consulta popular en su constitución local, sin embargo, no han ejercido este derecho “y si lo hicieran, con esta reforma, lo que hacemos es dar la posibilidad de que haya difusión y se promocione”.

Subrayó que en la Comisión de Puntos Constitucionales se han llegado a acuerdos que han permitido una serie de cambios “que debieron haberse hecho desde el año pasado y que estamos resarciendo esa falta al día de hoy; logremos, permitan que todos los ciudadanos puedan expresar su opinión y su punto de vista”.

Por Acción Nacional, el diputado Fernando Rodríguez Doval manifestó que con esta reforma se introduce al Presidente de la República, al igual que al Congreso de la Unión o a cualquiera de los peticionarios, a que puedan hacer campaña a favor de una determinada posición política.

“Eso ya lo habíamos superado con la reforma constitucional de 2007, ya habíamos sacado al Presidente de la República de las campañas electorales federales. Ahora, con esta reforma, vamos a regresar a un esquema anterior al 2007 y vamos a tener al Presidente utilizando los tiempos oficiales del Estado para promover la consulta que él haya querido convocar y pedirle a este Congreso”, afirmó.

En pro del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) consideró que esta reforma hace realidad la consulta popular, pues marca de forma general cómo los ciudadanos y las minorías pueden llegar a ser parte del gobierno y cómo influir de manera directa en las decisiones importantes del país.  “Votaré a favor, porque creemos que podremos llegar a una consulta ciudadana que finalmente sea la ideal”.

A su vez, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) se manifestó en contra y cuestionó “¿ustedes creen que alguien les va a creer que están preocupados por la opinión de la gente? ¿Creen que la gente allá afuera se va a tragar esa historieta, cuando aquí sistemáticamente se violan los reglamentos más básicos que nos obligan consultar y volver a consultar a los sectores, especialistas, investigadores, académicos y agrupaciones?”.

Previamente, el Pleno rechazó una moción suspensiva del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) para que el Pleno actúe y se conduzca con apego al principio de legalidad en los términos del 72 constitucional. “Mi voto es en contra de la opacidad, de la transa, de la falta de publicidad en la construcción de la propuesta legislativa”.

En la discusión en lo particular, con 329 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, se aprobó en términos del dictamen la reserva del diputado Damián Zepeda Vidales (PAN), al artículo 35 constitucional numeral 4 párrafos segundo y tercero.

Fe de erratas de la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales

Se informó que se recibió una fe de erratas del Senado de la República en relación con la minuta proyecto de decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual se turnó a la Comisión de Justicia para que la integre al expedienteEn lugar de decir: “Artículo Décimo Tercero. Revisión Legislativa”; debe decir: “Artículo Décimo Tercero”.

Se suprime el Transitorio Único, el cual establecía que: “el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Acuerdos Jucopo

El Pleno aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se designó a los diputados Fernando Alfredo Maldonado Hernández (PRI) y Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD), titular y suplente, respectivamente, como representantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ante el Comité Técnico del Fideicomiso Ferronales JUB. 5012/6.  Se comunica este acuerdo al titular del Ejecutivo federal y al de Nacional Financiera

También se avaló un acuerdo por el que se designa al diputado Erick Marte Rivera Villanueva (PAN) como representante de esta cámara del Congreso de la Unión ante el Consejo Consultivo para las Energías Renovables. Se pidió comunicar el mismo al titular del Ejecutivo federal y a los secretarios de Gobernación y de Energía.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana miércoles 11 de diciembre, a las 12:00 horas.