Eran los tiempos en que la entonces líder del magisterio,
Elba Esther Gordillo Morales, ahora presa, tenía abierta la puerta de Los Pinos.
De inicio de la década pasada datan los primeros contratos entre la dirigencia
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y empresas
financieras no reguladas por la autoridad que han endeudado a los profesores
con préstamos garantizados por la nómina a un punto tal que el gobierno federal
intervino el jueves con un programa para reestructurar esa cartera de crédito,
valorada oficialmente en 5 mil millones de pesos.
Surgido al amparo de
la falta de regulación y las influencias políticas, el negocio de otorgar
préstamos garantizados con la nómina de trabajadores del sector público creció
hasta convertirse en un factor de inestabilidad para las finanzas de cientos de
miles de empleados públicos, principalmente del magisterio, que destinan hasta
dos tercios de su ingreso a pagar las deudas, proporción que supera toda
recomendación sobre el buen manejo de las economías personales.
La industria de
préstamos de nómina, en la que participan desde grandes corporativos hasta
empresas que guardan relación con dirigentes del magisterio, opera en una
delgada línea de legalidad. Los contratos firmados por las compañías otorgantes
de préstamos y la dirigencia del sindicato magisterial abren la puerta para que
el patrón de los profesores, el gobierno federal, actúe como retenedor de los
abonos quincenales por el crédito y los entregue al acreedor, práctica que se
aparta de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado.
Un contrato en poder
de La Jornada, firmado el 24 de agosto de 2004 entre Gordillo Morales y Sergio
Chedraui Eguía, representante legal del Grupo Chedraui, que opera una compañía
de préstamos garantizados por la nómina llamada Consupago, estipula que el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se obliga a gestionar ante
las dependencias la entrega a Consupago de las claves de descuento en nómina
correspondientes a los agremiados.
La legislación
laboral para los trabajadores del sector privado y los que están al servicio
del Estado señala que los descuentos por nómina sólo podrán ser hechos en un
monto que no supere 30 por ciento del salario y sólo en caso de deudas
contraídas por el trabajador con el Estado por anticipo de salarios, pagos
hechos en exceso, cobro de cuotas sindicales, aportaciones a cooperativas o
cajas de ahorro; créditos con organismos públicos de vivienda, pensiones
alimenticias ordenadas por un juez o préstamos de los fondos de vivienda.
La Asociación
Mexicana de Empresas de Nómina, que reúne a 16 sociedades financieras de objeto
múltiple (Sofomes), varias de las cuales dan préstamos a trabajadores del
sector público, argumenta que los cobros son legales, dada la existencia de un
contrato mercantil en el que el trabajador autoriza a su empleador, el gobierno
federal en el caso de los profesores, a hacer el descuento.
Este viernes, la
AMDEN dijo en un comunicado que respaldaba el programa anunciado por el
gobierno el jueves. Sólo estamos a la espera de conocer los detalles, dijo en
un comunicado Gustavo Martín del Campo, presidente de ese organismo.
Las empresas afiliadas a la AMDEN son: Condinero, Consupago,
Crédito Real, Crediamigo, Credifiel, Crédito Maestro, Más Nómina, Exitus
Nómina, Financiera Fortaleza, Credifácil, entre otras.
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