Un mínimo de legisladores y
presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN) cerraron filas ayer
en apoyo al coordinador de los diputados albiazules, Luis Alberto Villarreal
García, tras revelarse que condicionó recursos federales a cambio de una cuota
de aproximadamente 10 por ciento, el llamado “diezmo”.
Ayer, 20 de los 391 presidentes municipales
del PAN y el dirigente nacional del partido, Gustavo Madero Muñoz, apoyaron a
Villarreal García. “Nunca se tuvo presión ni económica ni política para que se
les destinaran recursos”, afirmaron.
La semana pasada, el coordinador de la bancada
panista fue acusado de exigir el 10 por ciento del presupuesto federal
destinado a proyectos. Además, según algunos alcaldes, se exigieron contratos
con empresas de amigos y familiares para los proyectos.
De acuerdo con los reportes de distintos
diarios nacionales, en 2012, el Diputado panista tomó el control de un fondo de
mil 150 millones de pesos que se agregó en el Presupuesto de Egresos de ese
año. La partida especial sería la denominada “de pavimentación”. Pero fue
usada, según la evidencia, para extorsionar a alcaldes.
La noticia llegó hasta medios
internacionales quienes plantearon que los “señores de la droga” no son los
únicos que exigen cuotas en México, y retomaron la denuncia hecha contra los
diputados.
“Nadie dijo que era fácil ser Alcalde en
México, donde la corrupción es tan común como los cactus, y donde la política
es un juego maquiavélico de ajedrez y los cárteles de la droga son más
poderosos que los gobiernos locales”, publicó Los Angeles Time.
NO SÓLO EL NARCO EXTORSIONA
El diario retomó el caso del Alcalde de Santa
Ana Maya, en el estado de Michoacán, quien fue asesinado este mes luego de
quejarse de que los miembros del cártel estaban exigiendo regularmente una
parte del dinero federal destinado a los proyectos de obras públicas en su
área, una práctica que, afirmó, era generalizada.
Pero “ahora parece que los señores de la droga
pueden no ser los únicos que exigen su parte”, destaca el periódico en un
reporte realizado por Richard Fausset.
También, la presidenta de la Federación
Nacional de Municipios, Bárbara Botello Santibábañez, y el director de la
Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), Ricardo Baptista,
confirmaron las versiones.
La Alcaldesa de León, Guanajuato, afirmó que
aunque ella no ha sido víctima de esta práctica, algunos diputados de diversos
partidos han extorsionado a ediles. “Sí, es algo que está sucediendo, en mi
carácter de presidenta de la Fenamm he tenido muchos casos de extorsión. Sé lo
que han padecido alcaldes con esa situación, independientemente del viacrucis
que viven para llevar sus proyectos y solicitar recursos a la Cámara de
Diputados”, dijo.
“Desde el año pasado, alcaldes de todo el país
han padecido la extorsión de diputados y entiendo que sea complicado para ellos
hacer la denuncia y presentar las pruebas, porque son cosas que están
sucediendo y tenemos que frenarlas”, dijo hace unos días al diario abc de
Monterrey.
Por su parte, el ex Alcalde de Escobedo, Nuevo
León, Abel Guerra Garza, dijo a periódico local que él supo de esas prácticas
en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa cuando
despachos de gestoría y defraudadores profesionales ofrecían a los alcaldes,
urgidos de recursos, gestionar ante diputados partidas federales a cambio de enormes
“mochadas”.
La violencia del narcotráfico ha
aumentado en los últimos años y ha hecho que sea riesgoso ser Alcalde, pues se
han reportado 44 muertos durante los últimos siete años, según dijo al
periódico Ricardo Baptista, director de la Asociación de Autoridades Locales de
México.
Ayer también, Leticia Quezada, delegada y
presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), reveló
que Ygnacio López Mendoza, el Alcalde asesinado y torturado de Santa Ana Maya,
Michoacán, no es el único Presidente Municipal amenazado, pues hay más y están
en peligro
“No les hacen caso cuando están amenazados.
Ygnacio López denunció una serie de amenazas y nosotros estuvimos acompañando
en todo el proceso, pero lamentablemente perdió la vida, fue asesinado”, dijo
la perredista durante la XVI Asamblea de la Asociación de Autoridades Locales
de México (AALMAC) que se realiza en Oaxtepec.
El Alcalde michoacano por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) denunció en varios foros y ante varias autoridades
las amenazas de muerte, sin eco, dijo.
“Así como él, hay varios. No puedo decir
donde, por la seguridad de los presidentes, pero sí se requiere de un protocolo
de actuación inmediata”, dijo.
UNA PRÁCTICA VIEJA
Asociaciones de gobiernos locales han
comenzado a surgir contra legisladores del Congreso mexicano por exigir
“diezmos” si quieren proyectos de infraestructura incluidos en los planes
presupuestarios federales. “A veces los legisladores supuestamente exigen que
los proyectos sean construidos por empresas específicas que están a cargo de
sus compinches”, expuso el diario estadounidense.
“La corrupción en el gobierno mexicano es un
hecho bien conocido, y muchos alcaldes se presumen torcidos también. Sin
embargo, algunos observadores están indignados por la idea de que los
funcionarios federales pueden ser responsables de minar la fortaleza de los
gobiernos locales en un momento en que tenían que ser más fuertes que nunca
para hacer frente a las amenazas planteadas por las bandas de narcotraficantes”,
agregó.
Muchos alcaldes tienen miedo de hablar acerca
de la presunta extorsión de los legisladores, destacó Baptista. “Algunos están
en riesgo de perder sus vidas , y otros están en riesgo de ir a la cárcel por
entrar en estas prácticas (de corrupción)”, dijo Baptista después de un
homenaje al Alcalde asesinado, Ygnacio López Mendoza, afuera del Senado de la
República.
Sin embargo, afirmó que es una problemática de
hace tiempo. “Existe desde hace tiempo y lamentablemente siempre ha existido la
cultura del diezmo. Esto es desde las obras públicas: algunos funcionarios
cobran el 10 por ciento o las empresas ofrecen el 10 por ciento. Con el paso
del tiempo también se hablaba de recursos públicos para autorizar alguna obra o
para bajar recursos del porcentaje de los egresos de la Federación”, dijo a
SinEmbargo.
“Es una realidad, lamentablemente no es de un
solo partido, no es de un solo color. Es injusto e incorrecto porque a los
municipios mexicanos les cuesta mucho trabajo acceder a recursos públicos
federales y luego se ha creado toda esta situación de coyotaje”, agrega.
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