"Si bien nos congratulamos de nuestra evolución en
materia de derechos humanos, subsisten rezagos importantes y retos por superar.
En materia de derechos humanos cualquier esfuerzo siempre es susceptible de
mejorarse y debe intensificarse", dijo Gómez Camacho.
Lo anterior lo señaló al recibir en nombre del Estado
Mexicano el informe final del Examen Periódico Universal, presentado el pasado
miércoles, y reconoció la importancia y pertinencia de las recomendaciones
hechas por los otros países.
El arraigo, una tarea pendiente para México
Sin embargo, pese a reconocer los señalamientos de los otros
estados, la postura del gobierno fue analizar con calma las recomendaciones y
presentar el resultado de las aceptadas o rechazadas antes del 25º período de
sesiones del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2014. Esto, pese a que la
delegación mexicana fue amplia al estar compuesta por más de 40 funcionarios:
31 del gobierno federal incluidos el canciller José Antonio Meade, una
subsecretaria, un subprocurador; 3 representantes de gobierno estatal; 6
senadores y 5 diputadas, además de dos integrantes de la CNDH. Una de las más
grandes que han acudido a los EPU.
Cabe señalar que durante el EPU anterior México aceptó y
rechazó en esta sesión las recomendaciones y no esperó meses.
El embajador Gómez Camacho dijo en su discurso que México se
compromete a adoptar las "medidas necesarias" para abordarlas en el
marco del Programa Nacional de Derechos Humanos 2013-2018.
México debe defender a protectores de derechos humanos y periodistas:
onu
Durante la participación ante la ONU el canciller José
Antonio Meade adelantó que en México se elabora el Programa Nacional de
Derechos Humanos.
"El Programa será fundamental para consolidar una
política de Estado que involucre a todas las autoridades y a la sociedad civil
para implementar la reforma constitucional en la materia", dijo.
En ese sentido, este lunes 28 de octubre se llevará a cabo
un foro abierto convocado por el gobierno federal para participar en la
elaboración. Este foro se da apenas semanas antes de que se vaya a presentar el
Programa, que se espera sea para el mes de diciembre.
En el documento final del EPU se agruparon las
recomendaciones realizadas por los países el pasado miércoles. En total fueron
87 naciones que hicieron recomendaciones agrupadas en 176 temas.
En el documento se confirman los temas más relevantes
presentados el miércoles pasado, como el de agresiones de periodistas y
defensores, desapariciones forzadas de personas, fuero militar, violencia
contra las mujeres, migrantes y erradicación de la pobreza, puntos en los que
más de una decena de países hicieron algún señalamiento por cada tema.
México hace tarea de derechos humanos un día antes del
examen
Pese a que México como delegación oficial presumió reformas
legales, entre ellas la del artículo 1 constitucional en materia de derechos
humanos en el informe final se enlistan las recomendaciones para que México
ratifique convenciones o protocolos relativos a trabajadores migrantes,
igualdad de hombres y mujeres en el trabajo, trabajadoras del hogar,
discriminación en la educación y el Estatuto de Roma.
Además tres países pidieron a México que ratifique la
competencia del Comité de Desapariciones Forzadas, lo que implicaría que
organizaciones de la sociedad civil o víctimas podrían presentar directamente
casos para su análisis, revisión y pronunciamiento, lo cual también fue
recomendación del Grupo de Trabajo en la materia, que visitó al país en el
2011.
Incluso se recomendó a México que armonizara legislaciones
locales y federal en temas como violencia contra las mujeres, desapariciones de
personas y tortura.
Defienden a ejército ante ONU
Una de las cosas destacaron la durante la presentación de la
delegación mexicana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado miércoles
fue la defensa de las fuerzas armadas, pues tres integrantes de la delegación
oficial manifestó posturas al respecto.
En su discurso el canciller Juan Antonio Meade hizo mención
al tema de justicia militar, pero su pronunciamiento fue ambiguo, pues no
respondió directamente a la recomendación de los estados durante el EPU del
2009 y este de 2013 que solicitaban eliminar el fuero castrense y reformar el
artículo 57 del código de justicia militar.
"El Estado mexicano reconoce que ante situaciones que
vulneren los derechos humanos de personas civiles no debe operar la
jurisdicción militar (...) Es así que de conformidad con las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determinó la inconstitucionalidad del artículo 57. Por su parte, la
Procuraduría de Justicia y los Tribunales Militares, siguiendo dicho criterio
han declinado competencia a favor de las autoridades civiles, en 543 casos de
presuntas violaciones a los derechos humanos", dijo, sin responder cuándo
se eliminará en la ley.
El general Alejandro Ramos, vestido de civil y en
representación de la Sedena, también tomó la palabra y dijo que el fuero militar presente en la constitución no
es un privilegio.
"No como un privilegio sino como una jurisdicción
especializada que tiene por objeto preservar disciplina militar, por lo que su
existencia no debe traducirse en impunidad para fuerzas armadas. Gracias a esa
disciplina las fuerzas armadas son respetuosas de derechos humanos y son una de
las instituciones más sólidas, respetadas y
Apreciadas por los mexicanos".
Agregó que las en el país se reconoce que las violaciones a
derechos humanos son ajenas a la disciplina militar por lo que actualmente se
analizan reformas al código militar en el Congreso.
El general Ramos tomó de nuevo la palabra y a la defensa de
las fuerzas armadas agregó que en atención a recomendaciones internacionales se
han tomado acciones para proteger derechos humanos, como regular uso de la
fuerza, reparación del daño, fortalecer educación militar con apoyo y asesoría
de instituciones la oficina de la Alta Comisionada de la ONU.
A la defensa se sumó el ombudsman nacional, Raúl Plascencia,
quien rompiendo las reglas no escritas de la diplomacia de los países ante la
ONU, formó parte de la delegación oficial de México y se sentó con los
funcionarios en la tribuna, pese a ser un órgano autónomo y no representar a un
poder de la unión.
"Uno de los avances que deriva de las observaciones y
recomendaciones del primer examen universal es el relativo a la justicia civil
frente a la militar que ha sido mencionado aquí por Canadá y Francia entre otros
países. Hoy todos los casos investigados por la institución nacional de
derechos humanos están en conocimiento de la autoridad civil por lo que ya no
persiste la antigua práctica de que ante delitos cometidos contra la población
por parte de militares conociera la propia justicia militar", dijo.
La presencia de un ombudsman nacional como parte oficial de
la delegación de un país no había ocurrido antes durante las evaluaciones del
EPU, salvo con Venezuela durante su evaluación en el 2011, lo cual generó dudas
sobre la autonomía del defensor del pueblo. En el caso de México dos países,
Serbia e India plantearon en sus recomendaciones la importancia de mantener y
garantizar la independencia de los defensores del pueblo.
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