
El destino puso en su camino a un conocido que la ayudó a
denunciar a sus captores Gregoria Tentle Nanco, quien se encargaba de vigilarla
y “Pedro” el hombre que, con engaños, la obligó a prostituirse.
El amigo de la víctima pasó un día por las calles donde era
obligada a venderse. La reconoció y en ese momento se hizo pasar como cliente
para poder platicar con ella.
Ahí, en la calle, se enteró del infierno que vivió la mujer
durante tres meses, desde que dejó su casa en el Estado de México.
Le contó que Gregoria la llevó cerca de un hotel, donde la
mantuvo retenida. Rentó un cuarto y la instruyó para que trabajara ahí. Antes,
le advirtió que si no aceptaba las condiciones, sería golpeada por otros
hombres.
También le platicó que Pedro la amenazaba, la obligaba a
prostituirse y la golpeaba si no le entregaba el dinero que obtenía de los
clientes, mientras que Tantle Nanco, tía de Pedro, la vigilaba, le decía cómo y
cuánto debía pagar por el servicio y le reportaba a su sobrino todos sus
movimientos.
Durante tres meses, la mujer se vio obligada a alquilar su
cuerpo todos los días, bajo amenaza de causar daño a sus familiares si no
accedía.
Finalmente, el 6 de enero, cuando la mujer encontró a su
amigo quien se hizo pasar por cliente, ya en el hotel ambos acordaron que
cuando ella se encontrara con Pedro en el Metro Pantitlán, lo entregarían a la
policía.
Así lo hicieron y cuando los policías lo detuvieron,
encontraron en su cartera el dinero producto de los “sexoservicios”.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) informó que Tlante Nanco fue llevada al Reclusorio Preventivo Oriente y
ahí el Juez 59 Penal la sentenció a 15 años de prisión y a pagar una multa de
934 mil 950 pesos. La sentencia de Pedro aún está pendiente.
México entre los seis países con mayor índice de trata
Junto con Colombia, Perú, Guyana, Guatemala y el Salvador,
México es uno de los países de América con mayor incidencia en el delito de
trata de personas, según el Reporte Global de Tráfico de Personas 2012,
presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC).
Peor aún: el 35% del total de mexicanos sometidos a
explotación sexual, trabajos forzados o tráfico de órganos, son menores de edad
y dos de cada tres son niñas.
Por si fuera poco, el gobierno federal no cuenta con cifras
oficiales sobre el número de personas que son sometidas a ese flagelo y tampoco
hay organizaciones interesadas en hacer ese trabajo.
La UNODC calcula que alrededor de 20 mil menores son
explotados sexualmente, aunque, según la abogada Leticia del Rocío,
especialista en el tema, la cifra podría llegar a los 70 mil.
Después del tráfico de drogas y armas, la trata de personas
es el negocio ilícito más rentable del mundo y sus víctimas son la mayoría de
las veces, niñas, niños y mujeres.
Las ganancias anuales que genera a las redes criminales este
delito, van de los 16 mil a los 32 mil millones de dólares según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A escala mundial, según un cálculo de la UNODC basado en una
muestra de casos detectados en 132 países, el comercio con niños se ha
incrementado de tal manera que 27% de las víctimas del tráfico de personas en
132 países son menores de edad y de ellos dos de cada tres son niñas.
Según el estudio, en América del Norte, Central –incluido
México—y el Caribe, se calcula que 51% de las personas explotadas son con fines
sexuales, 44% para trabajos forzados, 5% para otros fines como la extracción de
órganos o adopciones ilegales.
A pesar de ello, en México son pocas las acciones que se han
tomado para prevenir, detectar y castigar este tipo de delitos.
La más reciente fue la promulgación de la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, sin embargo,
a la fecha está pendiente el reglamento que permitiría ponerla en práctica.
Además el reporte de la UNODC destaca que si bien los
gobiernos han implementado nuevas medidas políticas y jurídicas para
contrarrestar ese mal, hay cientos de casos que no son señalados como trata de
personas lo que dificulta la protección de las víctimas y el castigo para los
responsables.
Tampoco hay organizaciones que lleven un registro de los
casos detectados, porque no es un tema de “suficiente interés” o se toma como
esporádico, afirma Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común.
En su opinión el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) debería ser la instancia encargada de estudiar
este fenómeno pero en su Ley Orgánica ni siquiera está estipulado que deba
realizar esas acciones, lamenta la activista.
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