La disputa territorial entre La Familia Michoacana y bandas criminales de la
zona sur de Guerrero ha derivado hasta ahora en el desplazamiento de al menos 20
mil habitantes de la región de Tierra Caliente.
La violencia se concentró
en los municipios de Arcelia, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del
Progreso.
Crónica logró entrevistar a un grupo de desplazados, que
realizó de manera preliminar un cruce de datos para calcular el número de
afectados. Se consideró un registro inicial de familias que debieron abandonar
su hogar, así como las poblaciones donde se detectaron
huidas.
"Calculamos que somos por lo menos 20 mil desplazados, porque el
80 por ciento de la gente que vivía en los pueblos se fue, sólo quedaron algunas
mujeres que se resistieron a dejar sus casas", comentó a este diario, Martín
Ramos, habitante del poblado El Remance, y quien se trasladó al Distrito Federal
en la espera de un clima de mayor tranquilidad.
Con él estaban José,
Francisco, Jaime, Julio, Efrén, Gabriel, Rutilio, Abraham y otras víctimas que
se negaron a revelar datos por temor a represalias.
Además de Remance, el
mayor número de casos se contabilizó en las comunidades de Villa Hidalgo (El
Cubo), Terrero, El Guayabo, Santo Tomás, Escondido y San Pedro
Pezuapan.
Familias enteras dejaron sus casas, sus terrenos, sus animales
y tierras de siembra… Unos, para refugiarse en las cabeceras municipales: en
iglesias, escuelas, plazas públicas y en viviendas de familiares o amigos. Otros
decidieron huir a diversos estados, en especial Morelos, Michoacán, Estado de
México y el Distrito Federal.
La mayoría de los desplazados son hombres,
quienes salieron de sus casas por el miedo a ser reclutados de manera forzada
por estas células delincuenciales. Uno de ellos fue René, quien logró burlar los
retenes de los cárteles y llegar a la capital del país.
"Los malos llegan
a las casas y sacan a los hombres, no es de que quieras, te obligan a que tomes
las armas y te unas a su pandilla, si no aceptas te matan o matan a las esposas
y los hijos, a los padres y a los hermanos, por eso es preferible dejar todo y
esconderte", contó.
Otra de las voces fue la de Julio, de 22 años, y
quien narró cómo algunos de sus amigos han sido enrolados por el narco: "Son
secuestros, pero no piden dinero, lo que quieren es gente para unirse a sus
filas y seguir peleando con los contrarios por territorio… Aquel que se ha
resistido, no tiene otro destino que la muerte".
Y prosiguió: "Para
muchos lo más fácil es aceptar, porque tampoco tienen otras opciones: hay
pobreza, abandono, y ninguna posibilidad de estudiar ni obtener un buen trabajo…
O te mueres de hambre en el campo, o te vas con ellos".
—¿Y cómo es que
tú has cerrado la puerta a esa tentación del crimen? —se le
preguntó.
—Pues son los valores que te han enseñado los padres, las ganas
de no meterte en líos, de no terminar en la cárcel o en las drogas. En algunos
casos los malosos te hacen vicioso, te dan droga y luego te vuelven parte de su
grupo.
De acuerdo con los testimonios el levantamiento forzado para
incorporarse a las filas criminales se ha intensificado en la última semana, lo
que ha originado tiroteos, quemas de casas, raptos y robos.
"Lo que
pedimos a las autoridades es que limpien el área, que hagan su trabajo de darle
al pueblo seguridad pública y tranquilidad; y a los narcos les decimos que nos
dejen en paz, que se ahoguen en el río Balsas", comentó Mario, otro de los
desplazados y quien se resguardó en la casa de uno de sus hermanos en el Estado
de México.
Las líneas de autobuses reportaron sobreventa de boletos por
la urgencia de los afectados por salir de la zona. Algunos incluso se han
aventurado a huir por la sierra o por caminos más largos, con el objetivo de
evitar los retenes (por la vía Zihuatanejo-Michoacán, como
ejemplo).
Desde el jueves por la tarde, comitivas de la Secretaría de
Marina Armada de México y del Ejército Mexicano arribaron a la región para
instalar puestos de mando e intentar controlar la hostilidad.
Contrario a
las cuentas de los desplazados, el gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel
Aguirre, habló de menos de mil afectados.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) ya abrió una investigación de este desplazamiento
masivo.
El tema ha sido abordado por Crónica durante las últimas semanas.
De acuerdo con cifras del Senado de la República, hay en el país más de 300 mil
desplazados, y el 90 por ciento de los casos se ha originado por la violencia
del narcotráfico.
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