DIPUTADOS APRUEBAN SANCIONES CARCELARIAS PARA ESCUELAS "CHOCOLATES"

Toluca, Méx.- 12 de julio.- Diputados del PRI, PAN, Nueva Alianza y Verde Ecologista, aprobaron  esta noche en Sesión Extraordinaria de la Legislatura del Estado de México, el dictamen de decreto con el que se sancionará con una pena que va de cinco a diez años de prisión y una multa de mil 500 días de salarios mínimo,  al que preste servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido.

Diputados de del PRD y Partido Ciudadano votaron en contra porque no se puede criminalizar a maestros que dan clases, cuando el gobierno del estado de México no cuenta con la capacidad para brindar este servicio a los mexiquenses.

El legislador por Ecatepec, Octavio Martínez Vargas señaló que ese es un grave error, por el gobierno mexiquense no debe de actuar contra escuelas públicas que tienen su registro, lo que debería de hacer es sancionar a quien lucre a través de escuelas particulares, quien abusan en el costo de las cuotas, es ahí donde la problemática se debe atender.

Durante la sesión extraordinaria, la iniciativa presentada por el Partido de Nueva Alianza, también establece a quien reincida a este delito y tuviera intervención cualquier servidor público cometido y se impondrá, además la imposición del ámbito educativo, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que le corresponda por el delito cometido y se le impondrá, además, la destitución y su inhabilitación de ocho a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las medidas que disponga la legislación administrativa y las sanciones que correspondan, en su caso.

Se equipara a la usurpación de funciones públicas la prestación de servicios educativos por parte de persona física, miembros o representantes legales de una persona jurídica o de una sociedad, corporación, empresa o grupo, con la promesa de entregar un certificado, título o grado académico o de que se obtendrá o se encuentra en trámite la incorporación correspondiente. Lo anterior, sin autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, expedido por autoridad educativa competente.

En tanto el diputado perredista Octavio Martínez Vargas , propuso el que esta   iniciativa  no sea  golpear a las organizaciones sociales, sino que sea golpear  a la iniciativa privada que  esta lucrando , sorprendiendo donde hay actores políticos, es decir agregar  la frase de lucrativas , ese es el secreto, “las que cobren mensualidades inscripciones , que tangan un fin lucrativo”, pero que no estén reconocidas , ahí estamos de acuerdo. No vamos a  permitir  que se criminalice a los profesores y a las organizaciones sociales en eso estamos en contra, dijo

Asimismo, los legisladores aprobaron por mayoría la iniciativa del diputado panista Luís Gilberto Marrón Agustín del PAN, sobre la modificación de la fecha en la que el gobernador Eruviel Ávila Villegas rendirá su segundo informe de gobierno.

De acuerdo con el proyecto, el titular del ejecutivo rendirá a la legislatura del estado su informe acerca del estado que guarda la administración pública dentro del mes de septiembre de cada año, previo aviso de por lo menos ocho días naturales de anticipación, con excepción del último año del periodo constitucional, cuando deberá rendirlo dentro de los primeros 15 días de Septiembre, en cuyo caso el aviso debe ser con cinco días naturales de anticipación.

Al respecto el diputado perredista Octavio Martínez Vargas dijo que es obligatoriedad del gobernador acudir al recinto legislativo, sin embargo, el congreso local es el único del país donde no hay glosa del informe y no vienen ni los secretarios a comparecer al pleno, “la reforma es muy pobre en su contenido, sin embargo, la abre de apoyar pero no se avanza en términos democráticos no en la rendición de cuentas, es uno de los pendientes”.