Toluca, México, 10 de junio de 2013.- Por las
irregularidades cometidas durante sus funciones y por las violaciones a los
derechos fundamentales contra una interna del penal de Otumba Tepachico, tres
custodias y el jefe de vigilancia de este centro penitenciario, serán sometidos
a control de confianza para determinar su permanencia en el servicio
penitenciario; asimismo, enfrentarán
procedimientos administrativos e incluso penales, por su complicidad al forzar
a una mujer privada de su libertad a sostener relaciones sexuales con el comandante.
La interna, posteriormente resultó embarazada.
A través de la Recomendación 05/2013, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México determinó que fueron vulnerados los
derechos humanos de la interna, por lo que
solicitó al titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social, someter a los involucrados a las pruebas de control de confianza; así
como verificar y cumplir que las áreas de reclusión para mujeres, sean
vigiladas y custodiadas por personal femenino, tal como lo marcan los
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas privadas de
libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
La Defensoría de Habitantes del Estado de México
conoció del asunto por medio de un correo electrónico anónimo, a partir del
cual se estableció que una interna, quien purga una sentencia en el mencionado
penal, había sido trasladada por las custodias Benita Zúñiga Rodríguez, Rocío
Cristina Ramírez Elizalde y Violeta Álvarez Márquez a un área del centro, de
acceso exclusivo al personal de custodia, la cual se utiliza como dormitorio.
Las investigaciones de la CODHEM revelaron que una vez
en este sitio, la mujer fue forzada a tener relaciones sexuales con el jefe de
vigilancia, Javier Cuevas Echeveste, por lo que quedó embarazada. Como parte de
las indagatorias, el personal de la Comisión documentó que la afectada nunca
tuvo ninguna visita conyugal durante su estancia en el penal.
Ante ello, quedó establecido que Javier Cuevas
Echeveste, en complicidad con las custodias, incurrieron en actos ilegales,
contrarios a lo establecido por las leyes, normas y tratados internacionales
sobre las personas en reclusión, además de transgredir la Ley de Acceso de las
Mujeres a una vida libre de violencia, ya que se encontraron diversas pruebas,
que permitieron deducir actos de coacción e intimidación en contra de la
interna, para propiciar un encuentro sexual con el jefe de vigilancia.
También fue vulnerada la Convención Interamericana
contra la corrupción, al condicionar la protección para la interna y sus
familiares mediante favores sexuales.
Otra de las anomalías que el Organismo detectó, fue
que al conocer estos hechos, el director del penal, Alfredo Hernández Ovando,
no realizó una investigación seria y decidida y tampoco dio aviso a las autoridades
correspondientes, sino que únicamente se limitó a interrogar a la interna, al
jefe de vigilancia y enviar un oficio a la Contraloría Interna de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana.
El director conocía la problemática, ya que los
médicos le habían confirmado el embarazo y tenía evidencias de que la mujer
nunca ejerció su derecho a la visita conyugal y aun con ello, no realizó una
indagatoria oportuna.
Con base a lo anterior la Defensoría de Habitantes
recomendó agregar la copia certificada de la Recomendación, al expediente
CI/SCC-SVMN/OF/011/2012, en el que se investiga la actuación de los servidores
públicos Benita Zúñiga Rodríguez y Javier Cuevas Echeveste, así como iniciar el
procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos Alfredo
Hernández Ovando y Rocío Cristina Ramírez Elizalde, por diversas omisiones.
Finalmente, el organismo solicitó entregar los
resultados derivados de las pruebas de control de confianza, a las que se
someterán las tres custodias y el jefe de vigilancia, remitiendo los resultados
y acciones inherentes que se tomarán conforme a la evaluación, a la CODHEM.
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