En México han sido asesinados 86 periodistas y 18 se
encuentran desaparecidos del año 2000 a la fecha, aseguró el diputado Arturo
Escobar y Vega, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y coordinador del
grupo parlamentario del PVEM.
Por ello, propuso exhortar a la Procuraduría General de la
República, a fin de que fortalezca a la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en el ámbito administrativo
e institucional, con el objetivo de dar pleno seguimiento y óptimos resultados
a las denuncias presentadas.
En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México y
de la Libertad de Prensa, en particular, el legislador comentó que miles de
periodistas en el mundo ejercen este derecho y el país cuenta con destacados
personajes en el oficio.
Enfatizó que, lamentablemente, en los últimos años el
periodismo en nuestro país “se ha encontrado con mayores obstáculos para su
ejercicio”.
Incluso, dijo, agencias especializadas y organismos
internacionales han señalado, en más de una ocasión, lo riesgoso que resulta
ejercer la actividad periodística en el territorio mexicano.
A través de un punto de acuerdo, turnado a la Primera
Comisión de la Permanente, el diputado precisó que según la organización
“Reporteros Sin Fronteras”, entre 2008 y 2012 siete periodistas han pedido
asilo político a los Estados Unidos, Canadá y España.
Asimismo, el Comité para la Protección a Periodistas ha
señalado que nuestro país es el octavo en impunidad en crímenes cometidos
contra periodistas, indicó el diputado.
Escobar y Vega refirió que la libertad de expresión es un
bien jurídico que debe ser promovido y protegido por el Estado. Incluso,
instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se
han preocupado por proteger este derecho.
El 10 de diciembre de 1948, recordó, la ONU en la Resolución
217 A (III), proclamó la “Declaración Universal de los Derecho Humanos”.
Por ello, consideró que todos los poderes federales y las
entidades federativas “debemos de poner énfasis en esta triste realidad, y
ejercer las acciones de gobierno pertinentes para cambiar el contexto de
adversidad que hoy vive el periodismo en nuestro país”.
México, concluyó, “no puede considerarse como un país
auténticamente democrático y garante de los derechos humanos, fundamentales o
políticos ante la realidad de los acontecimientos descritos”.
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