Por Eduardo Muñoz
Nezahualcóyotl Méx.- Representantes de 2,000 familias de pepenadores y recolectores de basura
anunciaron públicamente que no permitirán el cierre del tiradero Neza III (30 hectáreas), previsto
por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y la Secretaría
del Medio Ambiente para el próximo 20 de febrero, según les anticipó el
subprocurador Omar Couto Saucedo el pasado 11 de febrero en el salón Azul
del palacio municipal.
En conferencia de prensa, los líderes Leticia Robles Alanís, Martín Canto Solís,
José Alberto Molina, Emiliano Mata Salinas, Porfirio Arroyo Reyes, Román Sierra
Castillo, Manuel de Jesús Domínguez,
Luis González Salazar, Jesse Colín Gámez, José Guadalupe Fernández Gutiérrez
y Armando Ayala
Serna, representantes de las 6 organizaciones URByNA (Unión de Recolectores
de Basura y No Asalariados), así como el Grupo Zorros, manifestaron que las
autoridades estatales no los tomaron
en cuenta para definir el futuro de las 30 hectáreas que hoy conforman el tiradero Neza III, no
obstante que llevan 30 años recolectando desperdicios y saneando las calles de la ciudad.
Emiliano Mata Salinas, asesor jurídico de URByNA, que las autoridades del medio ambiente
violaron las garantías individuales de los carretoneros y pepenadores (artículos 14 y 16 de la
Constitución Política) al no citarlos como terceros afectados en el procedimiento llevado a cabo
por la PROPAEM (expediente 0975/2012) según el cual se concedió garantía de audiencia al
ayuntamiento de Nezahualcóyotl, y una vez “agotado”, se dispuso el “cierre parcial” del tiradero,
sin importar los acuerdos celebrados con las organizaciones desde el año de 1984
y ratificados con el Gobierno del Estado de México en el año 2006.
Refirió el abogado que las autoridades pretenden engañar a los trabajadores de las URByNAs con
el señuelo de un “cierre parcial”, reduciéndoles el espacio de confinamiento a
sólo 3 hectáreas, lo que técnicamente resultaría inadecuado para la labor que
desarrollan cotidianamente.
José Guadalupe Fernández Gutiérrez recalcó que 2,000 familias dependen diariamente del trabajo
de recolección y pepena, entre los que se encuentran madres solteras, adultos mayores, discapacitados
y gente que, por la edad o la falta de estudios, no encuentra ocupación en ninguna empresa.
José Alberto Molina, por su parte, enfatizó que los recolectores y sus familias no están “pidiendo
limosna” al gobierno, “y si nos quitan nuestra fuente de trabajo, ya no nos quedará nada por qué vivir,
así que sólo muertos podrán sacarnos del lugar”.
Señaló que el gobierno local, aunque aparentemente está a favor de carretoneros y pepenadores,
no ha hecho ninguna oferta a los afectados, lo que permite suponer que está a favor de la expulsión.
En su oportunidad, Martín Canto Solís dijo que el conflicto no sólo abarca a los 500 carretoneros
y a los trabajadores de la pepena, sino a toda la población de Nezahualcóyotl, que de la noche a la
mañana se quedarían sin un servicio fundamental, complementario al de los camiones recolectores.
Afirmó que las 6 organizaciones están de acuerdo en utilizar esas 30 hectáreas para instalar una
planta tratadora de basura, un área para fabricar composta y un proyecto ecológico, pero siempre
y cuando no se afecten los intereses y el futuro de los involucrados.
Advirtió por último que si el gobierno no escucha los reclamos, miles de personas impedirán el
cierre del Neza III, llámese parcial o total.
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