Toluca, México, 11 de febrero de 2013.- Familiares de una ciudadana
mexiquense originaria del municipio de Tultitlán, quien perdió la vida en
Puerto Vallarta, recibieron una indemnización y una disculpa pública por parte
del ayuntamiento de esa localidad, luego de que la mujer de 31 años de edad,
falleció tras recibir una descarga eléctrica cuando paseaba por el malecón y se
colocó junto a una escultura propiedad del municipio para tomarse una
fotografía.
Ante la tragedia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,
realizó una serie de investigaciones tras las cuales emitió una Recomendación,
en la que determinó que el ayuntamiento de Puerto Vallarta es responsable de
haber vulnerado los derechos fundamentales de la agraviada y por ello debe
llevar a cabo la reparación del daño.
El Presidente del Organismo jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián, informó al Ombudsman mexiquense que la Recomendación es una muestra
del respeto a los derechos humanos que se debe guardar en todo el país, para el
total de los pobladores de cada entidad, al igual que para las personas que se
encuentren en calidad de migrantes o turistas.
La familia de Haydeé Maribel Pacheco Arizmendi, originaria de Tultitlán,
quien murió a consecuencia de una descarga eléctrica en el malecón de ese
lugar, recibió una indemnización de 236 mil pesos y una disculpa pública.
De acuerdo a la Recomendación 47/2012 emitida el 19 de diciembre de
2012, los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2011, cuando la maestra de
profesión, de 31 años de edad, vacacionaba con su hermana Rocío Carolina en
Puerto Vallarta y paseaban por el malecón.
Instantes después, cuando tomaban fotografías de las esculturas de la
“Rotonda del Mar”, al tocar la denominada “Las Orejas”, Haydeé Maribel Pacheco
sufrió una descarga eléctrica, ante la mirada atónita de su hermana, quien
atinó a fotografiarla, elemento que sirvió como prueba de la denuncia penal en
contra de la autoridad municipal, que encabezaba Salvador González Reséndiz.
Durante la investigación, personal de la Comisión constató que a pesar
de que el malecón fue reabierto al público, las obras no estaban concluidas y
presentaban deficiencias en materia eléctrica, falta de señalización y otras
cuestiones; además de que los paramédicos que acudieron a auxiliar a la mujer,
no acudieron con oportunidad ni contaban con el equipo necesario.
Asimismo, se detectaron inconsistencias, porque el certificado de
defunción del hospital CMQ al que fue trasladada, indicaba que murió por
infarto y de muerte natural, no electrocutada, a pesar de las excoriaciones que
tenía en el cuerpo.
Se precisó que la maestra mexiquense falleció dentro del área
remodelada, la cual es uno de los principales atractivos turísticos, pero sus
condiciones ponían en riesgo a las personas, situación que contrastó con uno de
los objetivos del Proyecto del Malecón, de “dotar al espacio público de los más
altos y eficientes rangos de seguridad ante eventualidades naturales o eventos
cotidianos”.
Entre los puntos recomendatorios, destaca la instrucción al actual
alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez, para la reparación del daño y los
perjuicios causados por autoridades anteriores, lo cual cumplió el pasado 30 de
enero; garantizar la atención profesional o el pago de un especialista para atender
afectaciones psicológicas de familiares; guardar un minuto de silencio durante
sesión de cabildo, a fin de concientizar a los servidores públicos sobre la
obligación que tienen en su desempeño en el cargo.
Realizar una revisión exhaustiva a las instalaciones eléctricas,
sanitarias, hidráulicas, estructuras, jardinería y luminarias del malecón;
tramitar y concluir un procedimiento administrativo contra varios servidores
públicos involucrados con las obras; elaborar un manual Operativo de las
distintas áreas de gobierno para que en cualquier caso de detectar desperfectos
en el equipamiento urbano, lo reporten o lo atiendan si es señalado por la
ciudadanía.
Además, deberán garantizar la atención médica oportuna y eficiente a
quienes transiten por el malecón, a través de unidades médicas fijas o móviles
y adquirir las ambulancias equipadas necesarias, toda vez que de dos que se
tienen en el municipio para atender urgencias, una estaba descompuesta; por
tanto, también se le instruyó hacer las gestiones de recursos ante las
instancias estatales y federales correspondientes para tal efecto.
Cabe indicar que el área de Seguimiento de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco se mantiene atenta al cumplimiento de los puntos
recomendatorios que llevan mayor tiempo, como los procedimientos
administrativos, el manual de operaciones y la instalación de unidades médicas.
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