CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El
espionaje en México se ha convertido en un “mecanismo efectivo de intimidación”
contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, denunció la
organización civil México Evalúa.
En un documento respaldado por
más de 100 organizaciones, como IPANDETEC (Panamá), GESOC, Fundación Gobierno
Abierto Colombia (Colombia), Datos Concepción (Argentina), TEDIC (Paraguay),
entre otras, la organización señala que es espionaje “constituye una forma de
control de los flujos de información y de abuso de poder”.
Por ello exigió sanción a los
responsables de tales actos, así como rendición de cuentas por parte del
gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura
de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes.
Además, pidió las reformas
legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de
conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición
de cuentas.
La organización hizo
referencia a al documento Gobierno Espía: La vigilancia sistemática en contra
de periodistas y defensores de derechos humanos en México, realizado por
Citizen Lab y por las organizaciones ARTICLE19 Oficina para México y
Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC y que
fue recogido en el reportaje publicado el lunes pasado por el diario
estadunidense The New York Times.
Dicho documento incluye una
lista de periodistas, activistas y defensores que han sido víctimas de
“vigilancia sistemática” por parte del gobierno mexicano, entre ellos la
periodista Carmen Aristegui, su hijo Emiliano y por lo menos 12 periodistas y
defensores de derechos humanos del país.
Entre los espiados también
están Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la organización de
derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh); a Carmen
Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal Aristegui Noticias,
así como Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui.
Además, al periodista Carlos
Loret de Mola, así como a Juan Pardiñas y Alexandra Zapata del Instituto
Mexicano por la Competitividad (IMCO), y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena
de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con ese informe
existen “sólidas evidencias” técnicas que el software utilizado para espiar es
comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la Procuraduría General de
la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) cuentan con
estas herramientas de espionaje.
La investigación demuestra el
uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a
gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de
derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
Explica que el principal
método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por las
organizaciones, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al
acceder a ellos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso
denominado “Pegasus” y comercializado solamente a gobiernos por la empresa
israelí NSO Group.
“En total se han registrado 88
mensajes con enlaces maliciosos (76 mensajes en esta nueva investigación y 12
en la investigación pasada sobre los activistas por el derecho a la salud, el
investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro
Calvillo de la organización el Poder del Consumidor y Luis Encarnación de la
coalición ContraPESO) para espiar a periodistas y defensores de derecho humanos
vinculados a la infraestructura de Pegasus”, señala el documento
Señala que los casos de
vigilancia a los activistas por el derecho a la salud constituyeron un
detonante para que la sociedad civil mexicana se retirara del mecanismo de
co-construcción con el Gobierno Federal y el INAI en el proceso de la Alianza
para el Gobierno Abierto.
Cada Licencia de infección,
según reportes de The New York Times (NYT), cuesta alrededor de 77 mil dólares
americanos (cerca de un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes
del erario público).
Ante los señalamientos de
espionaje, en un escueto mensaje en Twitter, Eduardo Sánchez H., Coordinador
General de Comunicación Social y Vocero del gobierno de la república, señaló a
que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean
responsables del supuesto espionaje” y llamó a quienes pudieran ser víctimas a
que presenten una denuncia ante la PGR.
Para México Evalúa “esta
respuesta es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la
nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software
utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos y
existen pruebas de que la PGR y la Sedena cuentan con estas herramientas de
espionaje.
“Corresponde al gobierno
mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y
cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal perpetrado contra
periodistas y defensores de derechos humanos en México”, exigió México Evalúa.
Los hechos expuestos en la
nueva investigación ya fueron denunciados formalmente ante la PGR. Además, han
sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de
protección de derechos humanos.
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