Muy al pendiente tenemos que estar los periodistas, los
demás sectores y políticos que están comprometidos con las libertades de prensa
y expresión ante el acecho, una vez más de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, SCJN, de vulnerarlos o trastocarlas.
Desde que el Poder Legislativo aprobó el llamado Derecho
de Réplica, el Gremio Nacional Organizado, ha manifestado su repudio a tal
normatividad por la falta de definición y precisión en sus enunciados a tal
grado que ahora la Suprema se prepara para dar un golpe más a las libertades
primarias.
Siempre hemos dicho que debemos de estar muy al pendiente
de las resoluciones del supremo tribunal, no son pocos las veces que por sus
absurdos la hemos calificado como “la suprema”, en referencia a esa veladora
que se vendía antaño y que por su mala calidad se apagaba constantemente.
Es el caso, que el próximo 7 de noviembre, el Pleno
conocerá y dictaminará la ponencia del ministro, Alberto Pérez Dayán, que de
aprobarse, obligará a los medios a cumplir con el derecho de Réplica cuando
toda persona, por el simple hecho de que se sienta agraviada, así lo demande.
En efecto en esa sesión, se conocerá el proyecto de
sentencia del mencionado ministro, sobre las acciones de inconstitucionalidad
que promovieron los partidos de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento de
Regeneración Nacional, MORENA.
Se pretende, en última instancia, suprimir el artículo
3ro. de la Ley que enumera los requisitos de información verdadera y falsa para
hacer valer el Derecho de Réplica.
Recordemos la disposición: “Artículo 3ro. Toda Persona
podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa
que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un
agravio”.
Resulta que el señor ministro, Pérez Dayán de recién
ingreso a la Suprema Corte, en su proyecto de sentencia se permite eliminar el
requisito, textual enuncia: cualquiera persona moral o física que se sienta
agraviado por información difundida en medios, podrá demandar judicialmente a
sus autores.
Bastará que ocho ministros de los once que componen el
pleno así lo decidan, para que dicha aberración jurídica entre en vigor.
Estamos ante una amenaza más a las libertades de prensa y
expresión, es un atentado más a la sociedad mexicana ante su derecho a estar
veraz y oportunamente informado.
Ahora resulta, que con esta infamia que se prepara, los
periodistas y los medios tendrán que probar ante tribunales la veracidad de las
informaciones. Es tan grotesca la ponencia de Alberto Pérez Dayán, que además
del atentado a las libertades, llenará los juzgados de expedientes rezagados.
Imagínense, amables lectores y radioescuchas, si este absurdo legal hubiera
sido aprobado hace seis años, cuando menos los periodistas y los medios
hubieran sido demandados miles de veces, entre otros por el innombrable prófugo
gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.