La Policía Federal ha asumido el control de 13 nuevos municipios
por presuntos vínculos con el crimen organizado y con el caso de los 43
estudiantes desaparecidos en el sur de México, informaron autoridades.
Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, dijo
que durante las investigaciones relacionadas con la búsqueda de los
responsables de la desaparición de los alumnos de magisterio hace tres semanas,
se han identificado "situaciones irregulares" de presuntos
"nexos con la delincuencia organizada" en las policías locales de un
total de 13 municipios
Estas localidades se extienden por un área de más de 200
kilómetros en torno a Iguala, donde ocurrieron los ataques a los estudiantes, y
pertenecen tanto a la zona norte del sureño estado de Guerrero como al área
conocida como Tierra Caliente y el Estado de México.
Por este motivo, Rubido anunció que la Policía Federal se ha hecho
cargo de la seguridad pública de esos municipios, los jefes policiales han sido
enviados a un centro especial para hacerles la correspondiente certificación y
se están revisando todas sus armas.
Entre los municipios que quedan bajo custodia federal están los
turísticos Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, y Taxco, Guerrero, a
menos de 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México, y Arcelia, localidad
vinculada a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros
del ejército mexicano en Tlatlaya y que también son objetivo de investigación por
parte de la fiscalía mexicana.
El resto son Apaxtla, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán,
General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel
Totolapan, Teloloapan y Tlapehuala, todos en Guerrero.
Rubido anunció también la detención del síndico de Iguala, Óscar
Chávez Pineda. El alcalde, José Luis Abarca, presunto autor intelectual de las
desapariciones y las 6 muertes que tuvieron lugar el mismo día, es buscado por
la Interpol desde que se dio a la fuga cuatro días después de los sucesos junto
con su esposa y el jefe de la policía.
Las fuerzas federales ya habían desarmado a las policías locales
de Iguala y Cocula y habían detenido a un total de 36 agentes presuntamente
involucrados en la detención de los estudiantes el pasado 26 de septiembre.
Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, había
dicho que las policías de esas dos entidades estaban a sueldo del grupo
criminal Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los hermanos Beltrán
Leyva y cuyo líder, Sidronio Casarrubias Salgado, fue detenido el pasado
jueves.
Casarrubias calificó los ataques a los estudiantes como
"casuales" y negó haber dado la orden de desaparecer o asesinar a los
jóvenes aunque dijo que fue informado de la situación y no se opuso, informó
Karam entonces.
También reconoció que pagaba la totalidad de los salarios de las
policías municipales tanto de Iguala, donde ocurrió la desaparición, como de la
localidad vecina de Cocula, que ascendían a 600 mil pesos al mes.
El anuncio de hoy implica que los vínculos de la delincuencia
organizada con autoridades y policías locales, ya no son asunto de un par de
municipios sino un mal mucho más extendido.
Mientras tanto, continúa la búsqueda de los 43 estudiantes de la
escuela Normal Rural de Ayotzinapa desparecidos tras los ataques ocurridos en
Iguala el 26 de septiembre.
Los trabajos, dijo Rubido, se hacen por tierra, agua y aire —ya se
han hecho casi 500 recorridos— , ahora en contacto con el Comité Internacional
de la Cruz Roja y los familiares.
Rubido agregó que México ha solicitado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección a las
víctimas y que la fiscalía ya ha permitido el pleno acceso de sus abogados a
los expedientes de la investigación, una exigencia que los afectados llevaban
semanas reclamando.
Las familias de los desaparecidos y estudiantes de la misma
escuela acudieron el domingo por la tarde con grandes fotografías de los
jóvenes, flores y velas, a una misa homenaje en la basílica de Guadalupe, en la
Ciudad de México, donde dejaron constancia una vez más de su máxima exigencia:
que las autoridades les entreguen con vida a sus hijos y lo hagan ya.
En la celebración religiosa estuvieron presentes el sacerdote y
defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde y el poeta y activista Javier
Sicilia. Ambos hicieron un llamamiento al gobierno para que esclarezca los
hechos de un suceso que calificaron como "crimen de Estado" y que
haga alianzas con la ciudadanía.
"Que aparezcan los que estén vivos y se esclarezca el
asesinato de los que no lo están. Las autoridades saben cosas que no nos
dicen", dijo Solalinde, quien asegura haber hablado con dos testigos que
le informaron de que al menos algunos de los jóvenes fueron asesinados e incluso
quemados vivos.
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