MEXICO (AP).— El gobierno de México
estableció como plazo el 10 de mayo para que los grupos de autodefensa en el
estado occidental de Michoacán registren sus armas y decidan unirse a un cuerpo
de guardias rurales al mando del ejército.
Desde que en enero se redobló la presencia
federal en Michoacán, que por años había sido afectado por la presencia del
narcotráfico, las autoridades federales han avanzado poco hasta ahora en su
plan de incorporar a los cerca de 20,000 miembros de las autodefensas a los llamados
“cuerpos de defensa rurales” que dependen de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Sin embargo, la comisión federal para
Michoacán señaló que acordó extender el plazo para que las autodefensas se unan
a esos cuerpos, unas unidades poco usadas desde que fueron creadas hace cerca
de un siglo y que son integradas por campesinos armados cuya tarea principal es
perseguir a ladrones y luchar contra eventuales alzamientos armados en las
zonas rurales.
Las autodefensas -cuyos miembros están
fuertemente armados- han representado un problema espinoso para el gobierno: al
tiempo que han ganado popularidad por enfrentar y expulsar de algunas
comunidades al cartel de las drogas de Los Caballeros Templarios, algunos de
los integrantes de aquellos grupos civiles han sido acusados de asesinato y
saqueo.
Algunas docenas de autodefensas permanecen
detenidos bajo cargos de uso ilegal de armas como fusiles de asalto que los
civiles tienen prohibido usar.
Estanislao Beltrán, uno de los voceros de las
autodefensas, dijo el martes a The Associated Press que no entregarán sus
armas, pero que están abiertos a unirse a algunas de las fuerzas
gubernamentales. El gobierno recibió inicialmente poca respuesta cuando anunció
en enero que se abrirían los cuerpos rurales a las autodefensas, pero ahora ha
comenzado a presionarlos para que no pase de la nueva fecha en mayo.
Cifras entregadas por el ejército a la AP,
los cuerpos rurales son pequeños. Su fuerza actual es de 9.068 “rurales”
voluntarios y tienen presencia en cerca de dos terceras partes de los 31
estados del país.
Según la información del ejército, los
cuerpos de defensa rurales no tienen presencia en estamos con fuerte presencia
del narcotráfico, como los norteños Tamaulipas y Sinaloa, pero sí están en
otros menos afectados por la violencia de carteles de las drogas como
Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y Quintana Roo.
La comisión federal para Michoacán dijo que
los cuerpos rurales para ese estado empezarán a operar el 11 de mayo. “Nadie se
va a desarmar”, aseguró a la AP Beltrán, el vocero de las autodefensas,
José Manuel Mireles, uno de los líderes de
las autodefensas, ha dicho a medios locales que llegaron a un acuerdo con las
autoridades para que entreguen las armas de más alto poder, como lanzagranadas
y ametralladoras, pero que mantendrán y registrarán armas como rifles de
asalto, pese a la prohibición que existe para los civiles.
Mireles y Beltrán dijeron que han demandado
al gobierno la liberación de sus compañeros detenidos en las últimas semanas y
meses por posesión ilegal de armas, pero el gobierno señaló en un comunicado
que sólo se acordó transferir a esos arrestados a prisiones más cercanas a sus
hogares en Michoacán, debido a que muchos están en cárceles en otros estados.
El gobierno intenta que se pueda diferenciar
a los autodefensas “legítimos”, es decir a rancheros y agricultores que se
levantaron contra el narcotráfico, de criminales que sostiene han comenzado a
infiltrar a algunos de esos grupos.
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